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| Humala considera que los integrantes del actual Tribunal Constitucional deberían abstenerse. |
Jueves, 11 de
julio de 2013 | 6:45 am Diario La República
Polémico
TC deberá pronunciarse pronto sobre el pedido de ejecución de sentencia
realizado por el Colegio de Ingenieros del Perú a fin de que se cumpla con
pagar los bonos de la reforma agraria.
La suma
podría ascender hasta US$ 4,500 mlls, pero MEF solo reconocería US$ 1.000
millones.
Consuelo
Alonzo
El pedido que el presidente Ollanta
Humala realizó a los miembros del Tribunal
Constitucional (TC) a fin de que se abstengan de emitir una
resolución en temas sensibles como el de los bonos no pagados de la reforma
agraria desató una polémica que el gobierno no esperaba.
El magistrado Fernando Calle, respecto a ese tema, sostuvo que "se
tomará una decisión respetando los derechos y teniendo la concepción sólida
de que no causará perjuicio económico o político, ni se desestabilizará
nada".
Con ello dejó entrever que la decisión sobre la solicitud de ejecución
de una sentencia del 2001, que ordena que se pague los bonos, y se actualicen
todas las deudas por la expropiación de tierras por la reforma agraria,
planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú, se dará aunque aún no haya
consenso.
Pero esto no es nada sencillo. El exministro de Economía, Ismael
Benavides, sostuvo que esa deuda ascendería nada menos que a 4.550 millones de
dólares, aunque fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas estiman
hoy que el pago de los bonos sería aproximadamente de mil millones de dólares.
Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta –como dice el asesor de la
Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra), Raúl
Noblecilla– cuántos son en la actualidad los tenedores de bonos y cuánto le
corresponde a cada uno, pues esa es una cifra que solo maneja el MEF.
Hay que entender que tras cuatro décadas (la expropiación de tierra se
inició en junio de 1969 en el gobierno del general Juan Velazco Alvarado)
muchos ya fallecieron, y hoy son sus herederos los que reclaman.
Asimismo, dijo, esperar que el próximo fallo ordene el pago con montos
actualizados.
Lo cual no sería difícil, pues el Estado tiene un plazo de hasta cinco años para hacerlo, tal y como establecen las normas.
Lo cual no sería difícil, pues el Estado tiene un plazo de hasta cinco años para hacerlo, tal y como establecen las normas.
Es más, a través del Poder Judicial y con la sentencia del TC del 2001
en mano, algunos tenedores han logrado obtener un pago por la expropiación
sufrida en los sesenta.
"Saber cuánto van a cobrar varía muchísimo, pero hay quienes han cobrado poco, entre 200 mil y 300 mil soles. Hay otros que sí cobrarán millones. Todo depende del fundo, de los bienes que fueron expropiados", explica.
"Saber cuánto van a cobrar varía muchísimo, pero hay quienes han cobrado poco, entre 200 mil y 300 mil soles. Hay otros que sí cobrarán millones. Todo depende del fundo, de los bienes que fueron expropiados", explica.
NEGOCIADO
Pero lo
que plantea Reynaldo Trinidad, experto en temas del agro y director de
Agronoticias, es que el Estado sí pague, pero únicamente a los propietarios
originales o a sus herederos. A nadie más.
Refiere que cuando ocurrió la expropiación, el Estado se comprometió en
pagar las indemnizaciones derivadas de las confiscaciones en un plazo de 30
años, y con el transcurrir del tiempo, al no saber qué hacer, algunos remataron
sus bonos. Pero es allí cuando el Estado asume el pago íntegro de la deuda, y
que aparecen los especuladores y estos pagaron como máximo el 20% del valor de
los bonos. "Hubo una colusión de especuladores extranjeros y nacionales,
con funcionarios del Ministerio de Economía de diferentes gobiernos. Por eso
hoy el grueso de los bonos está en manos de los especuladores que compraron a
precios viles y hoy quieren cobrar con moras, intereses y penalidades",
asegura Trinidad y reitera que un trato "inteligente y justo" es que el
Estado convoque a los ex hacendados o a sus herederos.
De no ser así, los grandes beneficiarios –dijo– serán los tres grupos de
especuladores (tres grandes empresas) que hoy poseen el 80% de los bonos
de la Reforma Agraria.
"Todo este proceso se tiene que revisar porque hubo una
manipulación hecha contra los tenedores y eso se puede demostrar revisando los
contratos que se suscribieron a fin de establecer cuánto costaban los bonos,
cuánto se pagó y que en realidad se pagó apenas el 10 o 20 % del valor",
señala.
Solo así, dice, se evitaría que la Caja Fiscal resulte afectada con
semejante pago.
IMPROCEDENCIA
Tal vez para evitar que ocurra lo contrario, el Congreso de
la República solicitó al TC, a través de un escrito, la
improcedencia del pedido del Colegio de Ingenieros del Perú, "cuya
intención –señalan– es que se modifique la sentencia emitida en el 2001, con la
finalidad de que se determine un método para la actualización y pago de la
deuda". Asimismo, demanda la inhibición por causal de decoro de aquellos
magistrados que se hayan desempeñado como funcionarios o apoderados de alguna
entidad financiera tenedora de bonos de la reforma agraria.
Según señalaron en un comunicado, les resulta preocupante que la máxima
instancia constitucional, pese al tiempo transcurrido, no haya corrido traslado
de la indicada solicitud al Parlamento, a pesar de ser parte en el proceso,
"por lo que se está vulnerando principios elementales a la defensa y
debido proceso consagrados en nuestro ordenamiento jurídico".
Por ello, exhortaron a los miembros del TC a mantener el respeto
irrestricto a los principios y normas consagradas en la Constitución y demás
disposiciones legales.
Pero quien también salió y dijo que la sentencia del TC sí se ha
cumplido fue el ministro de Justicia, Daniel
Figallo, y mencionó lo dicho por Noblecilla, en el sentido de que
algunos tenedores habían acudido al Poder Judicial para cobrar sus bonos.
"A través de una serie de demandas y sentencias del Poder
Judicial, el Ejecutivo por orden del PJ está pagando los
bonos al valor actualizado. Entonces, la sentencia del TC ya se ejecutó",
aseveró.
Sin embargo, indicó que el pedido del CIP quiere que se pague en bloque
o a partir de un criterio determinado sobre una valorización actualizada.
"Esta situación que presenta algún demandante al TC no la
conocemos. No es conocida ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. Nunca ha sido
informada", acotó tras explicar que lo dicho por el jefe del Estado fue un
llamado a la prudencia, pues todos los involucrados deben ser escuchados sobre
este tema de gran trascendencia.
EN CIFRAS
10 % del valor de los bonos es lo que los especuladores pagaron en
algunos casos a los tenedores de los bonos.
A 9 mil millones de dólares podría ascender el total a pagar por el
gobierno a los actuales tenedores de bonos.
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