Ideeleradio.- El excongresista fujimorista Rolando Sousa
presentó en el 2010 un proyecto para debilitar y recortar las facultades
interpretativas del Tribunal Constitucional (TC), institución a la que ahora
postula, y por eso su candidatura es una afrenta al país, afirmó la
parlamentaria Verónika Mendoza, integrante de la bancada Acción Popular- Frente
Amplio.
“El señor
Sousa fue de aquellos que quiso traerse abajo el TC, [instancia] que en el
momento de la re-reelección se opuso a esto, y además presentó un proyecto de ley para recortar las facultades interpretativas
del Tribunal Constitucional, o sea en más de una ocasión más bien es una
persona que ha pretendido debilitar el TC, y ahora pretenden colocarlo en este
cargo, esto no tiene ni pies ni cabeza”, subrayó en el programa No Hay
Derecho de Ideeleradio.
“Efectivamente
[su candidatura es una contradicción con la esencia del TC] y dentro de esto se
revela además que este señor nunca ha tenido reparo alguno en utilizar el cargo
que tenía en momento determinado para intereses particulares, ya sea de sus clientes,
como abogado, o de los miembros de su partido. Entonces, no tenemos ninguna
garantía de que no va a utilizar de manera permanente su eventual cargo en el
TC. […] Su simple designación es una afrenta ya al país y a la
institucionalidad democrática”, refirió.
La
traición de Gana Perú
En otro
momento, la legisladora consideró que Gana Perú traiciona sus compromisos
iniciales de lucha contra la corrupción y contra la dictadura fujimorista, al
respaldar el proceso de elección de los nuevos integrantes del TC, entre los
cuales se cuestiona a Sousa Huanambal.
“Esto
revela la alta traición que está habiendo de parte de Gana Perú respecto de sus
compromisos iniciales, recordemos que una de sus banderas fue la lucha contra
la corrupción y la denuncia de la dictadura fujimorista y ahora están avalando
a una persona que no solo ha sido fujimorista, sino que ha avalado y defendido
el golpe de Estado y a quienes violaron derechos humanos”, mencionó.
“[Ha
defendido] a los perpetradores directos de esa violación de derechos humanos,
que ha promovido la impunidad de aquellos, a través de normas suyas o delegadas
al Poder Ejecutivo de aquel momento, a una persona que ha defendido
narcotraficantes, el caso de los Sánchez Paredes”, señaló.
Finalmente,
Mendoza Frisch cuestionó que las bancadas antepongan sus acuerdos políticos a
los intereses del país o el fortalecimiento de la democracia.
“Yo
rechazo esta idea de que el acuerdo político se impone por encima de la
institucionalidad democrática. O sea, el acuerdo político [es] perfecto, pero
siempre y cuando sea en función de los intereses del país, del fortalecimiento
de la democracia y no de su debilitamiento. Lo otro se puede llamar ‘acuerdo
político’, pero resulta siendo nefasto si se maneja con esos criterios”,
concluyó
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