Noviembre
6, 2012 Diario 16
Lo que se temía. El Tribunal Constitucional confirmó su intención de
quebrar el presupuesto nacional al obligar al Estado peruano a pagar la
millonaria deuda de los bonos de la reforma agraria, que en su mayoría ya no
estarían en manos de sus dueños originales o descendientes sino bajo la
tenencia de grupos de poder nacionales y extranjeros.
Las cartas del juego fueron reveladas por el mismo presidente del TC,
Ernesto Álvarez, que en una entrevista a la agencia financiera Reuters afirmó
que la sentencia “saldría en los próximos tres meses”.
Esta opinión adelantada sobre un proceso que a la fecha todavía no tiene un
panorama claro y menos un dictamen, despierta suspicacia y un sinnúmero de
interrogantes respecto al por qué se estaría presionando desde este gran
tribunal al gobierno para que cancele estos bonos agrarios emitidos como
compensación -en la década del setenta- por el general Juan Velasco Alvarado.
Y no es para menos. Pese a que el Tribunal Constitucional ordenó en el 2001
al Ejecutivo pagar los bonos, el criterio de los gobiernos anteriores ha pesado
más que la sin razón de este veredicto que, según cálculos conservadores,
estaría entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares en bonos. Y si estas
cantidades suenan monumentales, otras estimaciones arrojan una cifra mucho
mayor, comprendida entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, es decir,
alrededor 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
DECISIÓN SOSPECHOSA
Álvarez también manifestó a Reuters que está trabajando en una resolución
que no solo especificará el cuándo sino las formas o mecanismos que deberá
seguir el Poder Ejecutivo para cancelar estos bonos. “Nuestra meta es esa”,
aseveró.
Ante esta motivación de querer sacar un fallo ‘al caballazo’, y a sabiendas
que prácticamente los magistrados tienen los días contados en el TC, el
congresista Víctor Andrés García Belaunde se mostró sorprendido por estas
declaraciones y recalcó que “está muy mal” anticipar juicios cuando no hay nada
dicho en la vía judicial.
“Él no se da cuenta que es un juez constitucional y no un promotor de la
deuda agraria. Él no puede entrometerse en temas económicos que solo deben ser
resueltos por el Gobierno, además porque es un miembro que ya está de salida.
Creo que está cometiendo un gravísimo error, ha metido la pata”, expresó el
legislador muy mortificado.
Asimismo, García Belaunde no descartó la probabilidad de que se esté
buscando beneficios personales además del ‘bienestar’ de los tenedores de los
bonos.
“No quiero pensar mal respecto a que se esté haciendo algún negociado, pero
tampoco hay que descartar dicha posibilidad. La idea es que haya un interés de
hacer justicia, no obstante, sorprende que el tribunal se haya adelantado a un
juicio que aún no se ha resuelto. Esa decisión del presidente del TC no tiene
precedentes; es una declaración irregular, extraña y sospechosa”, acotó.
De otro lado, el nacionalista Jorge Rimarachín aseveró que el problema de
un país que crece y que tiene buenos ahorros como Perú, es que siempre estarán
pendientes “los mismos de siempre” para querer beneficiarse de ello, tanto a
nivel nacional como internacional.
El parlamentario de Gana Perú subrayó que la predisposición natural del
Estado, basada en guardar grandes montos como ahorro sin llevarlos a la
inversión social, ha ocasionado que algunos agentes quieran aprovecharse de
este dinero metiendo temas controversiales como el de los bonos agrarios.
“Al igual que esa intención del TC (de querer buscar el pago de los bonos
de la reforma agraria) también podemos encontrar otras intenciones. (Hay
personas que) están vigilantes y mirando si hay plata debajo del colchón”,
expresó.
Rimarachín recomendó que este tema sea asumido por los nuevos miembros del
Tribunal Constitucional. “Los actuales miembros ya están de salida, con las
horas contadas. Deberían dejar este tema delicado a los próximos integrantes
del Tribunal”, puntualizó.
Definitivamente, la gran cantidad de dinero en juego es tal que
definitivamente extraña la actitud tan rauda de los vigentes miembros del TC.
¿Quiénes son realmente los favorecidos con esta próxima sentencia? La respuesta
aún no es clara.
“LA CIFRA ES REALMENTE GRANDE, MÁS O MENOS EL 25% DE LA DEUDA EXTERNA”
Parte de las suspicacias en torno a este apresurado pago de los bonos
agrarios están vinculadas a la gran cantidad de dinero que está en disputa
–algo más de 4.000 millones de dólares- y que podrían generar algunos ‘favores’
particulares, si se le da el visto bueno desde el TC.
Si hablamos de números, el economista Javier Zúñiga aseveró que el monto a
pagar es gigantesco, nada comparable con las establecidas parcialmente desde
1970.
“La cifra es realmente grande, más o menos el 25% de la deuda externa
peruana. No hay capacidad de pagar estos bonos en un solo round. El MEF podría
decir que la deuda se puede programar pero la pregunta es cuándo se terminaría
de pagar”, reflexionó.
Además, Zúñiga colocó en el tapete una pregunta: ¿quiénes serían
verdaderamente los beneficiados? Recordó que los tenedores actuales de esos
bonos ya no son agricultores y mucho menos descendientes de aquellos a los que
les arrebataron sus tierras, sino estudios de abogados y empresas dedicadas a
la banca de inversión, que compraron los bonos a precios risibles y ahora
pretenden cobrarlos bajo los valores actuales.
En alguna oportunidad, al ser consultado por diario16, el también
economista Gilberto Cárdenas indicó que no debería causar sorpresa que los
grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros ejerzan presión en los
poderes del Estado. “Es altamente probable que algunos grupos empresariales,
que desde que se comenzó a vocear durante el gobierno de Fujimori que esta
deuda podía ser reconocida, hayan buscado la forma de adquirir estos papeles.
Muchos expropiados vendieron sus papeles a los bancos, o los bancos compraron
de terceros”, advirtió.
LA PLATA LLEGA SOLA
La preocupación de la clase política y de ciertos sectores de opinión -en
razón a este pago- radica en que la mayoría de dichos bonos estaría en manos de
grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros que durante todos estos
años se dedicaron a comprarlos a precios irrisorios, por lo que obtendrían
grandes beneficios al momento de recuperar dichos recursos del Estado.
Citando un caso, en octubre del 2010 el Banco de Crédito del Perú interpuso
una demanda judicial contra el Estado por el pago de 3.279 bonos de la reforma
agraria. Esos papeles equivaldrían a US$27 millones. Mediante un comunicado de
prensa la entidad financiera informó en esa fecha que había iniciado la acción
judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.
EL DATO
El legislador Víctor García Belaunde reiteró que los jueces del Tribunal
solo pueden opinar a través de una sentencia y no antes, en vista de que
podrían ser acusados constitucionalmente ante el Congreso por cualquier persona
que se vea afectada.
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