Jue, 23/12/2010 - 18:24
Analistas opinan que para no golpear las cuentas fiscales se tendría
que honrar la deuda poco a poco a través de nuevos bonos, canjes de deuda por
tributos o mediante compromisos de inversión.
El Banco de Crédito, cabeza de uno de
los grupos económicos más poderosos del Perú, inició demandas contra el
gobierno por bonos impagos de una reforma agraria realizada hace 40 años, en
una batalla legal que podría elevar la presión para resolver un viejo pasivo
por más de US$1.000 millones.
 |
| Representes del área legal del ministerio de Economía y del Banco de Crédito confirmaron los procesos, que fueron presentados entre septiembre y octubre en los juzgados civiles 33 y 39 de Lima. |
Lima. El mayor banco de Perú
inició demandas contra el gobierno por bonos impagos de una reforma agraria
realizada hace 40 años, según documentos obtenidos por Reuters, una batalla
legal que podría elevar la presión para resolver un viejo pasivo de más de
US$1.000 millones.
Representes del área legal
del ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de Crédito confirmaron los
procesos, que fueron presentados entre septiembre y octubre en los juzgados
civiles 33 y 39 de Lima.
El Banco de Crédito, cabeza
de uno de los grupos económicos más poderosos del país, busca cobrar bonos que
sumarían US$27 millones a valor actualizado, los que obtuvo de clientes que
habían dado ese instrumento en forma de pago.
El valor nominal de los
3.279 bonos inmersos en la demanda suma unos 55 millones de soles (US$19,7
millones).
"Efectivamente, a
fines del mes de septiembre y comienzos del mes de octubre hemos interpuesto
algunas demandas, no es una, es más de una, y la razón es porque teníamos
varios bonos que clientes nuestros nos habían dado en pago", dijo a
Reuters el gerente de la división legal del banco, Guillermo Morales.
Disposición a explorar alternativas. Fuentes del gobierno han afirmado que el Estado estaría dispuesto a
explorar mecanismos para pagar una serie de bonos emitidos en compensación por
una polémica reforma agraria impulsada hace cuatro décadas por el régimen del
general Juan Velasco, quien expropió por decreto grandes extensiones de
tierras.
Más de 5.000 propietarios
sufrieron la confiscación de sus haciendas por parte del régimen militar de
corte socialista que gobernó el país sudamericano entre 1968 y 1980.
La reforma fracasó y luego
de varias crisis políticas y económicas, incluyendo una hiperinflación, muchos
hacendados no pudieron cobrar los bonos. Algunos, cansados por años de
litigios, han vendido sus derechos a fondos de inversión de mercados emergentes
como Gramercy, con sede en Connecticut.
No hay un registro y
cálculo oficial sobre el valor actualizado de los bonos, pero expertos afirman
que el total oscila entre US$1.000 millones y US$3.000 millones.
"Nosotros estamos
contestando la demanda y deduciendo los medios de defensa correspondientes,
llámense excepciones y otros aspectos", dijo un funcionario del área legal
del Ministerio de Economía sobre la demanda del Banco de Crédito.
Evitar prescripción. El gobierno se muestra ahora más abierto a limpiar obligaciones
fiscales, en línea con la votación de los peruanos en un referéndum en octubre
que obliga al Estado a pagar otra deuda, de un fondo de vivienda llamado
Fonavi.
El ministro de Economía,
Ismael Benavides, quien proviene de una familia de agricultores afectada por la
reforma agraria, ha reconocido recientemente que los bonos agrarios no fueron
pagados, pero afirma que es complicado hacerlo.
Analistas opinan que para
no golpear las cuentas fiscales se tendría que honrar la deuda poco a poco a
través de nuevos bonos, canjes de deuda por tributos o mediante compromisos de
inversión.
Los bonistas de la reforma
agraria argumentan que Perú, que tiene la calificación de grado de inversión,
debería asumir su deuda interna como lo hace con su deuda externa, mientras la
economía del país registra altas tasas de crecimiento.
El representante legal del
Banco de Crédito dijo que se planteó la demanda antes de que se cumpliera el
plazo de 10 años de prescripción legal para cobrar los bonos, el 9 de octubre.
"Nuestra actitud no ha
sido litigar contra el Estado, sino que nos hemos visto obligados a presentar
estas demandas para proteger que estos bonos no caigan prescritos", dijo
Morales.
Las prescripción nacería de
dos decretos presidenciales, emitidos en el 2000 y 2001 cada uno, que ordenaba
la creación de un registro de bonistas y la forma de pago, pero ningún Gobierno
asumió la tarea, según expertos.
Frustrados por los
retrasos, muchos bonistas ofrecen desde hace años hasta por internet vender sus
títulos a entre el 10% y el 50% del valor que podrían recuperar.
Abogados y expertos afirman
que existen precedentes, aunque pocos, de victorias de algunos tenedores de
bonos agrarios en largos juicios al Estado peruano para recuperar su dinero.
"Hay 20 personas
jurídicas que ganaron juicios al Estado y el Ministerio de Agricultura les está
pagando mensualmente las obligaciones por los bonos", dijo otra fuente del
Gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario