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| En su sitio. Presidente del TC, Óscar Urviola, señala que el Ejecutivo está desinformado |
María Elena Castillo
El ministro de Justicia, Daniel
Figallo, no dice la verdad al afirmar que ni el Congreso ni el
Ejecutivo han sido informados sobre la solicitud de ejecución de la sentencia
de los bonos de la reforma agraria que el Tribunal
Constitucional (TC) está debatiendo, aseguró su presidente, Óscar Urviola.
Indignado por estas declaraciones, refirió que es lamentable y deplorable que el
titular de Justicia, quien ha sido asesor del TC, desinforme a la opinión
pública. Alertó que esto es extremadamente peligro para la democracia.
"Este proceso se inició en 1996 y entonces se emplazó al Congreso y
a las partes involucradas que ejercieron el derecho a la defensa. Se generó una
sentencia en el 2001, que fue consentida y ejecutoriada, pero que durante doce
años no cumplió ninguno de los gobiernos", manifestó en Canal N minutos
después de las declaraciones de Figallo.
Recalcó que lo único que está pendiente por resolver en el Tribunal es
una solicitud de ejecución de ese fallo.
"Nosotros no vamos a sentenciar nada", insistió Urviola,
recordando que el ministro de Justicia es el asesor jurídico del presidente y
debe asesorarlo mejor, pues parece que el jefe del Estado se ha referido
públicamente al tema de los bonos agrarios porque está preocupado al creer que
se trata de una nueva demanda.
Informó que el caso está en discusión en el TC y todavía no hay
una resolución ni han llegado a un consenso. "No tienen por qué
preocuparse. Lo haremos con absoluta responsabilidad", dijo.
NO SE INHIBIRÁ
El presidente del TC manifestó que él no se inhibirá de ver la
solicitud de ejecución porque él no ha sido abogado del Banco de Crédito,
entidad que tendría un gran número de bonos agrarios. Admitió que él ha sido
funcionario de esa entidad, pero aseguró que no hay causal de inhibición.
"El Banco de Crédito no es parte de este proceso. Yo no sé si tiene
bonos o no", refirió.
Explicó que la solicitud que están viendo es un procedimiento en el que
no existen partes, sino que es de control abstracto de inconstitucionalidad de
un fallo del 2001.
Expresó que al pedir su inhibición, el presidente del
Congreso, Víctor Isla,
está mancillando su honor.
"Yo no voy a permitir eso a ninguna persona", indicó, instando
al parlamentario a asesorarse mejor "porque el Congreso no puede acudir a
armas de este tipo para anular la intervención del Tribunal
Constitucional", agregó.
SEGUIRÁN RESOLVIENDO
Al mediodía, Urviola convocó a una conferencia de prensa en la que fue
enfático en señalar que los magistrados del TC con mandato vencido tienen plena
legitimidad para ver todos los casos (entre ellos los bonos agrarios) mientras
no se elija a sus sucesores.
Dijo que el presidente de la República tiene todo el derecho de opinar,
pero la agenda del Tribunal Constitucional no puede ser condicionada.
"Nosotros no actuamos en función de lo que pueda gustar al señor
presidente o no, sino a lo que es de nuestra responsabilidad. No creo que al
señor presidente no le guste que el Estado peruano honre sus
obligaciones", indicó al referirse al caso de los bonos agrarios.
Por otro lado, instó al Congreso a elegir a los nuevos magistrados del
TC, quienes deberán ser fieles a la Constitución más allá de su filiación
partidaria. Sobre las críticas a la candidatura de Rolando Sousa, por haber
sido abogado del ex presidente Alberto Fujimori y avalado el autogolpe del 5 de
abril, sostuvo que de ser elegido él "sabrá cuáles son sus obligaciones y
responsabilidades ante la historia y el Estado democrático".
PRESIDENTE DEL CONGRESO SOLICITA QUE URVIOLA SE INHIBA DEL CASO
El presidente del Congreso, Víctor Isla, sostuvo que el máximo
representante del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, fue un alto
funcionario del Banco de
Crédito, que tiene un gran número de bonos agrarios, por lo cual
debería inhibirse de ver el caso.
Dijo que, al haber estado vinculado al banco, podría no tener la
imparcialidad que exige un fallo.
Aseguró que el Congreso no ha sido notificado del caso a pesar de ser
parte del proceso, por lo cual el martes presentaron un escrito que solicita la
improcedencia de la solicitud de ejecución de sentencia que interpuso el
Colegio de Abogados. Argumentó que quieren cambiar la sentencia que dio el TC
en el 2001.
Asimismo, pidieron que se inhiban los magistrados que han sido
funcionarios o apoderados de alguna entidad financiera que posea los bonos
agrarios.
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