IDL condena la violencia producida en Celendín y exige un diálogo real para llegar a una solución pacífica y consensuada

PRONUNCIAMIENTO

El pasado 03 de julio, se produjo un enfrentamiento violento entre manifestantes y las fuerzas policiales y militares en Celendín, que  dejó como saldo la muerte de los pobladores José Faustino Silva Sánchez (35), Eleuterio García Díaz (40) y C.M.A. (17), además de una veintena de civiles y policías heridos, varias decenas de detenidos y daños a la propiedad privada y pública.

Asimismo, el día de hoy, han continuado las detenciones en Cajamarca contra quienes se oponen al proyecto minero Conga. Dentro de los detenidos se encuentra el padre Marco Arana.

Ante esta grave situación, el Instituto de Defensa Legal (IDL) se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.     Condenamos los actos de violencia generados por las diversas partes del conflicto y lamentamos los fallecidos, los heridos, el daño causado, y, en general, el clima de desasosiego reinante en Cajamarca por la oposición del proyecto minero Conga y por los intentos de imponerlo. Asimismo, ofrecemos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y acompañamos al pueblo cajamarquino en la difícil situación de enterrar a sus muertos, que no son solo sus muertos, sino de todos los peruanos.

2.     Rechazamos y condenamos enérgicamente la manera como el Ejecutivo aborda los conflictos sociales y exigimos un cambio de rumbo, de modo que se priorice un diálogo real y una solución pacífica y consensuada entre las partes del conflicto. Los sucesos de Espinar enseñaron que el camino no es la represión, sino la negociación, por lo que no debe retrocederse en lo aprendido.

Cabe resaltar además, que esta forma de enfrentar los conflictos sociales se asemeja al modelo propuesto por Alan García. Siendo que, precisamente, Ollanta Humala prometió un cambio de rumbo y afirmó que no habría ningún muerto durante su gestión.

3.      La declaratoria del Estado de Emergencia no puede ser el pretexto para detenciones arbitrarias, maltratos y golpizas, tal como ha ocurrido con Marco Arana. Si el gobierno sigue aplicando este tipo de métodos, el conflicto se agudizará y aumentará el número de víctimas.

4.     De igual manera, invocamos a los dirigentes sociales de Cajamarca que depongan los actos violentos. El bloqueo de calles, el atentado contra  la propiedad privada y el amedrentamiento no representa una forma democrática de protestar.

5.     Exigimos una solución pacífica y consensuada, que el Ejecutivo promueva un diálogo real, con objetivos y reglas claras, donde las partes manejen toda la información necesaria para formarse una opinión. Es imprescindible determinar quiénes participarán del diálogo y su modo de representación, así como que se nombre a una comisión mediadora –compuesta por personalidades independientes– que ayude a arribar a consensos. Para que eso sea posible, invocamos a las partes en conflicto que bajen la tensión en Cajamarca y que no se produzcan nuevos actos de violencia.

6.     Exigimos a las autoridades que realicen una investigación a profundidad, que determine responsabilidades penales y políticas y se sancione a los responsables. Debe precisarse claramente si la policía utilizó armas letales contra la población, o si los manifestantes han usado armas de fuego tal como ha afirmado el ministro del interior. Igualmente, debe determinarse de qué manera participan las fuerzas armadas en este conflicto, puesto que el rol principal le corresponde a la policía.

7.     Finalmente, demandamos que se vele por los derechos de los detenidos en la protesta y no se produzcan ni avalen detenciones arbitrarias, que se evite el traslado de competencia desde Celendín a Chiclayo, donde difícilmente podrán gozar de su derecho al debido proceso.