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Juan José Quispe, integrante del Área Legal
del IDL consideró que será el fiscal de la Nación quien tendrá que determinar
si la exfuncionaria tuvo responsabilidad o no en estos hechos.
Ideeleradio.- El Poder Judicial de
Amazonas claudicó en su potestad de administrar justicia al declararse
incompetente del caso del Bagua frente a personajes como la ex ministra del
Interior, Mercedes Cabanillas a través de una norma que llevaría su nombre,
sostuvo Juan José Quispe, integrante del Área Legal del Instituto de Defesa
Legal, tras considerar que será el fiscal de la Nación, José Peláez, quien
tendrá que determinar si la exfuncionaria tuvo responsabilidad o no en estos
hechos.
Fue al comentar la
nota de prensa del Poder Judicial en la que se informa que la Sala Penal
Nacional asumirá el proceso judicial del caso conocido como “Baguazo” y al
referirse al pedido planteado a la Fiscalía para que se incluya a la exministra
en el caso.
“Hay algo que sí me
alarma un poco porque el artículo 6 de esta resolución [de la Sala Penal
Liquidadora de Bagua] hace alusión que se declaran incompetentes porque este
proceso tiene repercusión no solo nacional sino internacional, [y que] incluso
se cuestionó a funcionarios públicos de primer nivel, como es el caso de la
ministra del Interior de la época, Mercedes Cabanillas Bustamante, como
responsable político de tales hechos. Y solo mencionan a Mercedes Cabanillas y
parece que fuera la Ley Cabanillas o ya el Poder Judicial de Amazonas claudicó
en su potestad de administrar justicia frente a personajes tan grandes como
Mercedes Cabanillas”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[¿Tiene
responsabilidad Mercedes Cabanillas en el caso Bagua?] Definitivamente que sí,
porque este caso todavía está en el juzgado de Utcubamba, [el cual] todavía no
se pronuncia si hay responsabilidad de Mercedes Cabanillas [en este caso] para
que remitan las copias necesarias a la Fiscalía de la Nación y será José Peláez
quien determinará finalmente si en el caso donde murieron y lesionaron a más de
200 personas en Utcubamba, Mercedes Cabanillas tuvo una responsabilidad no
política porque eso lo ve el Congreso, sino penal sobre estos hechos”, aseveró.
En otro momento, el
abogado del IDL manifestó que esperarán ser notificados por la Sala Penal
Nacional para presentar los recursos de impugnación necesarios. Exigió que
dicha instancia judicial se pronuncie si es que tienen competencia para ver
este caso.
“Vamos a esperar que
nos notifiquen formalmente esta notificación y vamos a presentar los recursos
necesarios ante la Sala Penal Nacional porque ya el expediente va a estar de
viaje o va a estar de viaje acá”, señaló.
“Eso no puede pasar
sin que la Sala Penal se pronuncie definitivamente que no, tiene que haber un
pronunciamiento, [él cual podría decir que no somos competentes y que lo siga
viendo la Sala Penal Liquidadora de Bagua]”, explicó.
Traslado a Lima tiene un costo social
Finalmente, reveló
que el traslado de este caso a la Sala Penal Nacional tiene un costo social
para todos los participantes en este caso. Indicó que aproximadamente 500
nuevos soles le podría costar venir a Lima a cada uno de los nativos implicados
en este caso.
“Hay un costo social
en este tema, el costo tiene que ver con el traslado, estamos hablando no solo
de Corral Quemado, estamos hablando también del proceso de Estación 6 y del
proceso contra los oficiales y de los suboficiales de la Policía Nacional, en
total de esos tres estamos hablando de casi 250 personas, entre agravados,
procesados, testigos y peritos que tendrían que venir a Lima”, puntualizó.
“Todos tendrían que
venir, sobre todo miembros de las comunidades indígenas que sacando cuentas
desde el traslado y el costo que les significa venir para cada audiencia en
Lima sería de 500 nuevos soles por cada uno de los miembros de las comunidades
indígenas, cosa que atenta contra el debido proceso”, concluyó.
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