La educación pública peruana
como la conocemos en los países de América Latina fue materia de reciente
alusión por un experto colombiano ([1]),
con una pregunta que le costó a una ex ministra de educación del Ecuador el
puesto ([2])
años atrás, “… ¿cuántos de ustedes señores directores tienen a sus hijos en
escuelas privadas?...” planteada a directivos de Instituciones
escolares públicas de Lima Metropolitana concurrentes al I Seminario Pedagógico
Internacional.
Según información del periodista Ismael León casi la
mitad de los 800 directores de educación básica “…confesó resignadamente…”
que no enviaban a sus hijos a los colegios del Estado. Seguramente si los
asistentes hubieran sido funcionarios y servidores públicos de órganos
intermedios y Ministerio de Educación, ese porcentaje sería mucho, muchísimo
mayor, y no es sólo de estos años. El tema tiene su desarrollo histórico. Este
hecho empezó a fortalecerse con la reforma educativa de 1972, los llamados
“particulares” nunca aplicaron la propuesta curricular de esa reforma, quedándose
con “programas adaptados curriculares” para la básica regular ([3])
El mejor momento del siglo XX de la educación básica
pública fue hacia 1950 cuando la política educativa del Estado fue hacer de la
“escuela
fiscal mejor que la particular” ([4]),
el Gobierno Restaurador de Manuel Odria desarrolló una propuesta integral que
afectó significativamente la matrícula de las escuelas particulares.
Lo que intentamos en este
artículo es mostrar como el modelo empresarial asentado en el mito de lo “privado
es mejor”, responde a políticas educativas trasladadas desde países
capitalistas hacia el sector público, ahora por condiciones externas
favorables, extendidas a la etapa de educación básica. Estas políticas tienen
intelectuales orgánicos mercantilistas creadores de condiciones para fijar la
normativa y propuestas de gestión y aprendizaje en los últimos 30 años.
(Un tema colateral es la educación superior donde la
educación privada adquiere mayor renta para los empresarios de la educación
después que gobierno de Alberto Fujimori reconozca normativamente el derecho al
lucro en la educación, en contraposición al derecho humano a la educación
integral de peruanos y peruanas, “a lo largo de toda la vida” ([5]).
En este periodo el peor atentado a los derechos humanos fue abrir puertas para
amenguar la educación pública cuya naturaleza es su práctica democrática y
ejercicio de ciudadanía integral y cuyos efectos son repercusiones
generacionales, principalmente en la Educación Básica.)
[1]) Bernardo Toro
Arango en el Primer Congreso Pedagógico Internacional organizado por la Dirección de Educación de
Lima Metropolitana, Diciembre 2012 en la IE Alfonso Ugarte de San Isidro.
[2]) Rosa María
Torres, experta en educación, ver su Blog Fronosis
[3]) La
nomenclatura pasó de “particulares” a “no estatales” y ahora a “privados”. Los
nombres tienen connotación dado que expresan el deterioro de la escuela pública
y el avance del mito que exitosamente prevalece hoy, “la escuela privada educa
mejor que la escuela pública”. Los programas adaptados para la Básica Regular
en teoría eran el puente entre lo tradicional y la reforma educativa de Augusto
Salazar Bondy, reforma que en 1980 se canceló; los privados nunca aceptaron ese
marco curricular. Otro tema colateral fue –y son- los planes experimentales de
las instituciones educativas sostenidas por embajadas extranjeras donde el
Diseño Curricular oficial no se aplica mayormente y cuando se hace es con
idioma nacional de origen del financiamiento.
[4]) Ver del Gral.
Juan Mendoza Rodríguez “Nuevo potencial para la Educación Peruana”
[5])
Aunque la justificación fue que iba a impulsar la innovación, lo que queda
después de 17 años es haber incentivado el lucro. La naturaleza del lucro en la
educación es contradictoria con la formación integral del ciudadano
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