Lima,
05 de diciembre del 2012
Señores
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
Comisión
Permanente de Procesos Disciplinarios
Presente.-
Los representantes de las víctimas y los familiares de los casos conocidos como "Barrios Altos", "Campesinos de El Santa" y "Pedro Yauri", nos dirigimos ante las instancias judiciales y ante el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para hacerles llegar nuestra preocupación por la demora de los órganos disciplinarios del CNM para decidir la apertura de procedimiento disciplinario a los jueces que integraron la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez Javier Villa Stein, y que emitieron la ejecutoria suprema del 20 de julio del presente año en el expediente Nº 4104-2010.
El CNM abrió de oficio una investigación preliminar el 25 de julio, a la que se acumuló nuestra solicitud de suspensión preventiva en el cargo de los jueces involucrados, la apertura de investigación disciplinaria y finalmente la destitución. Al mismo tiempo, las víctimas y sus abogados solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la supervisión de la sentencia "Barrios Altos vs. Perú" del 2001, toda vez que la nueva ejecutoria suprema vulneraba los compromisos supranacionales del Perú en materia de derechos fundamentales; tal como se evidenció no solo en el sólido rechazo de diversos ciudadanos a la sentencia, sino también en las acciones seguidas por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
Los representantes de las víctimas y los familiares de los casos conocidos como "Barrios Altos", "Campesinos de El Santa" y "Pedro Yauri", nos dirigimos ante las instancias judiciales y ante el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para hacerles llegar nuestra preocupación por la demora de los órganos disciplinarios del CNM para decidir la apertura de procedimiento disciplinario a los jueces que integraron la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez Javier Villa Stein, y que emitieron la ejecutoria suprema del 20 de julio del presente año en el expediente Nº 4104-2010.
El CNM abrió de oficio una investigación preliminar el 25 de julio, a la que se acumuló nuestra solicitud de suspensión preventiva en el cargo de los jueces involucrados, la apertura de investigación disciplinaria y finalmente la destitución. Al mismo tiempo, las víctimas y sus abogados solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la supervisión de la sentencia "Barrios Altos vs. Perú" del 2001, toda vez que la nueva ejecutoria suprema vulneraba los compromisos supranacionales del Perú en materia de derechos fundamentales; tal como se evidenció no solo en el sólido rechazo de diversos ciudadanos a la sentencia, sino también en las acciones seguidas por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
El
muy grave proceder de los jueces supremos en contra de los derechos fundamentales, quedó aún más
evidenciada con la resolución del 7 de
setiembre de la CorteIDH, lo que causó la posterior anulación de la sentencia de parte
de la Corte Suprema de Justicia de la
República. No obstante, la muy grave responsabilidad
de los jueces supremos evidenciada por estos sucesos no se corresponde con la actual demora
y falta de celeridad en la investigación
preliminar que lleva adelante el CNM,
habiéndose cumplido incluso los plazos reglamentarios.
Sobre
el particular, el Dr. Gastón Soto Vallenas ha señalado que la acumulación hasta con otras tres o cuatro
denuncias, el pedido de uso de la
palabra y la documentación presentada ha sido la causante de la demora. Pero a su vez el CNM
debe tener en cuenta que el caso, al
involucrar diversas inconductas disciplinarias que son sancionables con destitución, haber
comprometido la responsabilidad internacional
del país en materia de derechos humanos
y la nulidad de una sentencia de la Corte Suprema, no puede continuar a la fecha sin definirse. La
ausencia de decisión de parte de los
órganos pertinentes del CNM se agrava si se tiene en cuenta que ni siquiera se está hablando de
definir las sanciones correspondientes,
sino de abrir recién un procedimiento disciplinario.
Teniendo
en cuenta ello y recordando que el presidente del CNM indicó que esperaba que en dos semanas se estuviera resolviendo la investigación preliminar (plazo a cumplirse
este miércoles 5 de diciembre),
solicitamos y exhortamos públicamente a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios
y al Pleno del CNM lo siguiente: Que la
Comisión emita a la brevedad posible el Informe
respectivo, y que el Pleno decida igualmente sobre la apertura de procedimiento disciplinario y la
apelación oral de la decisión del CNM de
no suspender provisionalmente a los jueces supremos, solicitada en la audiencia pública
del 22 de octubre.
El
caso disciplinario sobre las muy graves inconductas funcionales evidenciadas en la ejecutoria
suprema del caso "Barrios
Altos", "Campesinos de El Santa" y "Pedro Yauri" de la
Sala Suprema presidida por el juez Javier
Villa Stein, es el actual caso
paradigmático sobre el cumplimiento de los deberes funcionales de la judicatura en el procesamiento
de las graves violaciones a los derechos
humanos en nuestro país. Por ello nuestra
urgente exhortación y exigencia del cumplimiento de los plazos reglamentarios y celeridad, las que
ahondan no solo en el debido control
disciplinario que le corresponde ejercer al CNM sobre la responsabilidad de los jueces
supremos, sino también en la legitimidad
del sistema de control y la no impunidad en el ejercicio de la función judicial.
Atentamente,
Abog. Gloria Cano Legua (APRODEH)
Abog. Gloria Cano Legua (APRODEH)
Abog.
David Velazco Rondón (FEDEPAZ)
Abogs.
Carlos Rivera Paz, David Lovatón Palacios, Cruz Silva Del Carpio (IDL)
Familiares
de Barrios Altos, "Campesinos de El Santa" y "Pedro Yauri".
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El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.
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