Según estudio del IPE, el sector perdió $21.5 mil
millones en inversiones. Conflictos sociales son uno de los principales motivos
de la suspensión y retraso de proyectos.
Problemas anteriormente mencionados
por varios actores del sector minero, como los conflictos
sociales y las “trabas burocráticas”, generaron pérdidas de $67.2 mil millones en los últimos siete años, de acuerdo con un estudio
elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Entre las observaciones del
estudio titulado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos
mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas”, el IPE resaltó que el
impacto de las pérdidas en el sector fueron equivalentes a 16.7 puntos porcentuales
de crecimiento desde 2008.
Impacto
“Por ejemplo, en 2014 podríamos
haber crecido 4.45 puntos porcentuales más, es decir, se pudo alcanzar el 6.85%
de crecimiento en lugar del 2.35%”, estimó el IPE.
Otra precisión se centró en el
retraso de las inversiones mineras. Según la institución a cargo del estudio,
esto ocasionó que el sector perdiera más de $21.5
mil millones en diversos proyectos orientados a la producción de cobre, plata y
oro.
En ese sentido, indicó que el
impacto a nivel de pérdidas en el periodo de análisis alcanzó los $14.9 mil
millones, esto en base a precios que datan de 2007.
Empleo. Por otra parte, el
estudio también se enfocó en las consecuencias en el empleo y destacó que
durante la etapa de inversión entre los años 2008 y 2014 se perdieron 534 mil
puestos laborales por cada año de dicho periodo.
En el caso de la fase de
producción, el IPE indicó que la pérdida ascendía a más del doble. “Para la
fase de producción, desde la maduración de todos los proyectos en 2014, se
perderían 1.16 millones de empleos anuales”, mencionó el IPE.
Infraestructura
De igual manera, los resultados
contemplaron las repercusiones de las pérdidas en inversión y producción minera
en la reducción de la pobreza del país.
Según el IPE, la puesta en marcha
de los proyectos mineros que fueron suspendidos habría permitido reducir la
brecha en infraestructura por medio de la recaudación de $4734 millones en
impuestos.
“Hubieran sido suficientes para
cerrar las brechas de infraestructura en aeropuertos, salud y riego”, afirma el
IPE.
Además, resaltó que el monto
habría permitido reducir la pobreza hasta en 17% durante el periodo analizado.
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