Editorial del Diario La República, Perú
Nueva mayoría
parlamentaria o nueva correlación de fuerzas en una convivencia ya conocida.
La elección de la nueva Mesa Directiva del
Congreso, la última del período parlamentario, está tensionada por la
posibilidad de que el oficialismo pierda el control del Legislativo como
consecuencia de la renuncia de varios congresistas a la bancada nacionalista y
la pérdida de la capacidad negociadora del gobierno.
La posibilidad de la formación de una nueva mayoría
opositora que tome el control del Congreso se argumenta como un paso necesario
para que este cambie y recupere independencia respecto del Ejecutivo. La
campaña alrededor de la cual gira la formación de un nuevo bloque opositor
liderado por el fujimorismo abunda en llamados generales a que en los próximos
12 meses el Congreso sea otro.
El Parlamento ha sido en los cuatro años del
gobierno de Ollanta Humala seguidor del Ejecutivo, como lo fue durante las
administraciones de Alejandro Toledo y Alan García. Como entonces, la oposición
ha colaborado con soltura y sin que tuviese un dogal en la garganta con la
mayoría de iniciativas del gobierno. Por ejemplo, ha votado desde el 2011 sin
mayores cambios los proyectos de presupuesto presentados por el gobierno y ha
aprobado siete pedidos de delegación de facultades con amplias votaciones. En
materia económica ha respaldado todos los paquetes económicos presentados por
el Ejecutivo, incluida la Ley del Empleo Juvenil, la “Ley Pulpín” por la que
también votó quien hoy se postula como abanderado de la autonomía
parlamentaria, a lo que habría que agregar que fue el fujimorismo, al mando en
la Comisión de Trabajo, el principal valedor de dicha norma.
Asimismo, todas las decisiones sobre el salario de
los parlamentarios han sido adoptadas multipartidariamente, sin que se
adviertan diferencias entre el oficialismo y la oposición, y en conjunto
bloquean las iniciativas de transparencia de los actuales legisladores,
especialmente la declaración de potenciales conflictos de intereses. También
juntos, gobierno y oposición, han sancionado a sus integrantes solo por la
presión de la opinión pública, y en cambio hacen causa común en la defensa de
los legisladores cuestionados por la justicia, como es el caso de la
legisladora Cecilia Chacón, dos años reclamada por el Poder Judicial antes de
la anulación de su condena, en abril pasado.
Este Parlamento, con un oficialismo más débil que
los anteriores, es más oficialista que aquellos, de modo que la elección de la
nueva directiva del Congreso no puede venderse como la liberación de una pobre
oposición aherrojada sino como el cambio de la correlación de fuerzas dentro de
una convivencia ya conocida.
El cambio de fondo del Congreso no deja de ser un
imperativo y aún es posible en el último año de período parlamentario aunque
sobre ello las viejas y nuevas mayorías guardan silencio, por ejemplo sobre las
reformas electorales encarpetadas en el pleno o en las comisiones, las
sanciones que esperan a 15 congresistas cuyos casos se encuentran en la Comisión
de Ética o normas elementales como la Ley General del Trabajo, en todo lo cual
se diluye la frontera entre el oficialismo y la oposición.
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