Chiclayo vive momentos de júbilo y tensión. Hace algunos días la OCMA propuso ante el CNM la destitución de cuatro magistrados: Ricardo Ponte Durango, Juan Zuñiga Bocanegra, Miguel Lozano Gasco y Franklin Rodríguez Castañeda por presuntamente haber favorecido con penas endebles a personas procesadas por narcotráfico, etc; del mismo modo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a 9 años y 2 meses de pena privativa de la libertad al suspendido fiscal Esdras Sánchez Moreno por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico, lo que significa un gran avance en el destape de la corrupción.
Sin embargo, el
Tercer Juzgado Civil a cargo del Juez Oscar Tenorio Torres resolvió el día de
hoy declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar innovativa de suspensión de
proceso judicial a los trabajadores de Tumán, lo que en buena cuenta conlleva a
mantener en la administración al Grupo Oviedo. El fundamento principal de la
resolución es que los demandados no ejercieron su derecho de defensa, lo que
resulta cuestionable, toda vez que en una medida cautelar no se requiere
oposición de los demandados, más aun si lo que se pretende es salvaguardar un
derecho de manera anticipada. Incluso, en la misma resolución exhorta a los
órganos jurisdiccionales cuestionados a no seguir transgrediendo los derechos
fundamentales de las personas.
Esta decisión del Juez
Tenorio se veía venir luego de lo sucedido días anteriores, pues se sabe por
los trabajadores de Tumán, que el día lunes 20 en horas de la mañana se hizo
presente en el despacho del juez Tenorio, el abogado José Carlos Isla, Asesor
Legal de la empresa Tumán, reunión que duró más de 1 hora y al parecer fue del
agrado del abogado, porque nuevamente volvió a regresar al despacho después de
30 minutos y con el ánimo triunfalista. Esto no tendría nada de raro si es que
después no se hubieran suscitado cosas que llaman la atención. Al día
siguiente, el abogado de los trabajadores, José Rimarachín se acercó al
juzgado, lo que fue aprovechado por el juez Tenorio para maltratar al abogado,
haciéndole comentarios que no son propios de la judicatura, mencionando incluso
que iba a hacer un híbrido jurídico porque no estaba seguro del caso. Sumado a
ello, en ese mismo momento y después de haber recibido la visita del abogado
del Grupo Oviedo, personas de Tumán salieron a marchar apoyando el retorno a
las labores, hecho que no había sido realizado durante los más de 100 días de
protesta.
PROJUSTICIA considera
pertinente denunciar estos hechos, pues así como el Fiscal Esdras Sanchez era
símbolo de impunidad en Chiclayo y hoy tiene orden de captura a nivel nacional;
en el Poder Judicial habría también un Juez con fama de corrupto como refieren
los propios pobladores de Tumán. Asimismo PROJUSTICIA pide perdón al país, pues
a pesar de la fama de juez corrupto que tenía el Juez Oscar Tenorio Torres, al
creer que había cambiado su forma de actuar impartiendo justicia, hoy decide
dar la espalda a más de 30 mil personas que creían que la causa que tanto
defendieron por más de 100 días en huelga iba a ser resuelta por este juez
conforme a derecho y atendiendo la necesidad social de un pueblo que clamaba
justicia; justicia que le fue denegada desde hace 9 años cuando el Grupo Oviedo
se enquistó en la Empresa Agroindustrial Tuman, donde al parecer habría
cometidos delitos de Fraude a la Administración de Personas Jurídicas,
Asociación Ilícita para delinquir como consta de la investigación que se le
sigue por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo a cargo del Dr.
Osores Padilla.
PROJUSTICIA pone en
conocimiento este caso a la sociedad civil e insta al Presidente del Poder
Judicial, al Fiscal de la Nación, al Jefe de la OCMA, a las autoridades del departamento
de Lambayeque a que investiguen estos actos con objetividad y pueda sancionarse
como corresponda.
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