Más de 250 denuncias por irregularidades en ejecución de obras se registran en Piura

CIFRAS. Comisión Regional Anticorrupción registra casos de manera diaria. No se respetan los expedientes técnicos. 

La República 3 noviembre 2015

Piura. Las obras de envergadura que deberían contribuir en el avance de la región se convierten a diario en un dolor de cabeza para la población, por las supuestas irregularidades que estas presentan en su ejecución.

Así lo dio a conocer el secretario de la Comisión Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura (GRP), Jaime Távara Alvarado, quien detalló que solo de enero a setiembre, la oficina tiene registrados más de 250 casos por corrupción en la región.

Refirió que el gran porcentaje de estas denuncias tiene que ver con el perjuicio económico causado al Estado en la ejecución de las obras, porque las contratistas no respetan los expedientes técnicos, generando malestar en la población.

“Los casos se presentan a diario. Los vecinos denuncian supuestas irregularidades en la construcción de instituciones educativas, en las postas médicas o en los sistemas de alcantarillado, porque estas no se ejecutan de acuerdo a los expedientes técnicos”, señaló.

Si bien el sistema anticorrupción hace un esfuerzo por atender las denuncias, el funcionario lamentó la carencia de personal en la oficina, lo cual retrasa las investigaciones en cada uno de los proyectos.

Ante ello, dijo que se designarán coordinadores de enlace en todas las instituciones públicas, como el Poder Judicial, comunas y Ministerio Público, con la finalidad de que se inicie una investigación preliminar para luego tratarse de manera articulada.

Recuento

Recordemos que de acuerdo al balance de la comisión, en los cien días de gobierno de Reynaldo Hilbck, la oficina anticorrupción ya tenía cuatro denuncias penales interpuestas, cinco acciones de prevención, tres veedurías y 32 investigaciones aperturadas. La mayoría de procesos en contra de ex funcionarios.

Pues se habrían encontrado irregularidades en la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Micaela Bastidas III y IV Etapa de Enace”.

También en la obra “Mejoramiento de agua potable y alcantarillado de la calle 35, de la avenida Sullana y la urbanización Ignacio Merino”.

Además se encontraban en proceso de investigación otras denuncias, como en el proceso de nombramiento de personal en la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna y la dirección regional de Salud.

Al respecto, Javier Tavara señaló que en la segunda semana de noviembre, durante la segunda sesión de la comisión, se presentará la estadística por importancia de casos y qué se está haciendo en la resolución de estos.

Lentitud

El funcionario también lamentó la lentitud con la que marchan los procesos en los órganos jurisdiccionales, donde se registra la mayor cantidad de quejas por el retardo en la administración de justicia.

Esto, agregó, debido a la falta de presupuesto que impide contratar a peritos contables o expertos en ingeniería que agilicen la investigación de las denuncias. Lo mismo sucede con la Policía Nacional que carece de logística.

“Muchas veces se  requiere el apoyo de la Contraloría para estos casos, pero tampoco ellos tienen el personal adecuado para llevar a cabo la pesquisa, lo cual retrasa la evaluación de los expedientes porque el juez o el fiscal no tienen un personal que facilite las indagaciones”, aseveró.

Por ello, dijo que es necesario plantear una propuesta ante el Gobierno central para que se comprometa en la implementación de peritos la región, y de esta manera se obtengan buenos resultados en la implementación de la política anticorrupción.

Caso H&B se dilata

Un claro ejemplo en el retardo de administración de justicia es el proceso en contra de la alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta y ocho de sus funcionarios por los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, tras presuntamente haber direccionado la obra de S/. 28,9 millones al consorcio H&B.

Según el vicepresidente de Instituto Legal Anticorrupción, César Palomino Ricas, el caso lleva más de cuatro años sin ser resuelto  a pesar de que se encuentra en la etapa de juicio oral, cuya instalación se ha postergado en reiteradas ocasiones, debido a la ausencia de los imputados, entre ellos el representante legal de Cooperativa Coopex, José Valderrama Contreras (investigado y prófugo por el caso Orellana).