Ante la crisis en
el Consejo Nacional de la Magistratura, diversas organizaciones de la sociedad
civil, entre las que figura el Instituto de Defensa Legal, convocaron a un
plantón el lunes 16 de noviembre, fecha en que se programó la
juramentación de Rogelio Gonzáles, consejero suplente que reemplazará al
renunciante Pablo Talavera.
El
Apra y el fujimorismo de espaldas al país y a favor de la crisis del CNM
Ante lo ocurrido
en la Comisión de Justicia el día de ayer, con la inaudita “desinvitación” del
consejero Guido Águila y del ex consejero Pablo Talavera, el Instituto de
Defensa Legal – IDL debe señalar lo siguiente:
1. La
denominada “desinvitación” se produjo debido a la cuestión previa planteada por
el congresista Mauricio Mulder (Apra) y aprobada además con los votos de los
congresistas Karina Beteta (Fuerza Popular), Santiago Gastañadui
(Nacionalista), Pedro Spadaro (Fuerza Popular), Octavio Salazar (Fuerza
Popular), Julio Gagó (Fuerza Popular) y Marco Falconí (Unión Regional). Esta
inexcusable moción presentada por el Apra y avalada sobre todo por el
fujimorismo, revela el alto interés de dichos partidos políticos de blindar a
consejeros que no cuentan con el perfil profesional ni ético y mantener todo
como está en la actual crisis institucional del Consejo Nacional de la
Magistratura.
2. El
Apra, para impedir que los integrantes del Consejo den explicaciones sobre los
hechos y afronten las consecuencias argumentó que el CNM al ser una institución
independiente “no tiene por qué dar explicación de sus decisiones”. Una
justificación antidemocrática, falsa y peligrosa, por promover el oscurantismo
en el nuevo Consejo. En un Estado Constitucional de Derecho no pueden
permitirse zonas exentas de control, prima el accountability horizontal
y el deber constitucional del CNM de motivar debidamente sus decisiones. De
mantener una decisión de este tipo el Congreso estaría abdicando de sus
funciones de control.
3. Proteger
a los actuales consejeros no solo es grave porque promueve la impunidad en su
actuación, sino que por la forma como trataron la vacancia de Alfredo Quispe
(idas y venidas inmotivadas) abre la posibilidad de una demanda de amparo que
reponga en el cargo a quien nunca integrar el Consejo.
4. Ante
este escenario urge que las mociones presentadas por otros congresistas puedan
verse además en otras instancias del Congreso en defensa de su fuero de control
político y la no impunidad de consejeros que, de lo contrario, permanecerán en
sus cargos los siguientes 5 años teniendo como aval de lo que hicieron y lo que
harán al Parlamento.
5. Es
necesario resaltar el hecho que el consejero reemplazante de Pablo Talavera
llamado a ejercer como representante de los jueces supremos, José Gonzáles
López, haya renunciado en coherencia con la renuncia del consejero titular. Un
hecho que evidencia y agudiza la crisis del Consejo.
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