Operación Derribo

EDITORIAL: 12 de Noviembre de 2015 DIARIO LA REPÚBLICA

La calidad de la educación universitaria en manos del TC.

La votación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inconstitucionalidad de la Ley Universitaria estaría empatada desde hace varias semanas. Tres de sus miembros respaldarían las cuatro demandas planteadas contra esta norma, casi todas inspiradas en los deseos de algunas universidades privadas que operan con la modalidad de fines de lucro, que desde el primer momento se opusieron a cualquier cambio en favor de la calidad de la educación universitaria. Los otros tres votos propondrían rechazar la mayoría de los cuestionamientos, en tanto que la decisión final dependería del voto dirimente de su presidente.

Desde la aprobación de la ley, el grupo de universidades opuestas a la ley, cuya bancada perdió el debate en el Parlamento, ha jugado abiertamente las cartas de la supresión de la norma. Apoyándose en algunas universidades públicas, cuyas cuestionadas autoridades se rebelaron contra la ley, impulsaron estrategias de copamiento institucional que les han dado algún resultado. Dos de los opositores a la ley fueron elegidos apuradamente miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –que designa magistrados en cuyas salas podría verse algún procedimiento judicial relacionado con la aplicación de la ley– mientras que en el seno del TC desplegaron un alto poder de convencimiento y de presión, considerando que algunos de los integrantes del TC son profesores universitarios o se encuentran dispuestos a serlo.

De las demandas presentadas, la más sonada se refiere al límite de edad para ejercer la docencia universitaria. No obstante, la oposición de fondo es a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y a la disposición que obliga a que cada centro de estudios tenga un mínimo de docentes estables, abandonando las prácticas de trabajo informal, mediante contratos, a tiempo parcial y sin dedicación a las labores de investigación.

Se ha demostrado durante más de un año de debate que la Ley Universitaria no es intervencionista, como lo prueban el proceso de elección de autoridades en la mayoría de las públicas y la adecuación de la mayoría de las privadas que operan con responsabilidad académica.

Lo que subyace en las pretensiones de derribar esta ley es el deseo de privar al Estado de su legítimo rol orientador y regulador de la prestación de un servicio crucial que no puede ser mercantilizado y privado de sus fines formadores, humanistas y de socialización del conocimiento. El apuro por resolver regresivamente el proceso que la ley ha iniciado tiene que ver con que los plazos de supervisión de la calidad se han iniciado y que en el caso de las públicas no recibirán financiamiento el próximo año aquellas que no implementaron la ley.

Es preciso que el TC resuelva este caso sin presiones, pensando sobre todo en centenares de miles de estudiantes universitarios, en la necesidad de un salto de calidad de la educación universitaria y que la reforma de la educación será letra muerta si no tiene un correlato competitivo en ese ámbito de la formación profesional.