Señores
congresistas de la República/ Señores funcionarios del Poder Ejecutivo:
Los
servidores de la administración pública nacional, regional y local, como
conocedores directos de la real problemática de las instituciones públicas, expresamos
nuestra opinión sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública, en los siguientes términos:
1. APRECIACION GENERAL
En un contexto de
cambios sociales, económicos y tecnológicos acelerados, los Estados requieren
adaptar su estructura institucional a los retos planteados por estos cambios
globales y regionales. En tal sentido, la iniciativa de modernizar la gestión
pública nacional es plausible y necesaria. Los servidores públicos en su
mayoría observamos con simpatía y
esperanza, siempre y cuando esté orientada a corregir integral y efectivamente
los graves vicios y deficiencias existentes en la administración pública actual.
Declaramos también con
claridad que en las últimas cuatro décadas
el Gobierno Nacional no ha tenido una real voluntad de modernizar ni
mejorar la calidad de la gestión pública, y más bien ha orquestado astutamente el
colapso del aparato estatal a través de diversas políticas que han conducido a la
burocratización, la proliferación de instituciones públicas, incremento
explosivo del personal, politización de la gestión pública y sobre todo creando
los mecanismos para el incremento de los actos de corrupción. Toda esta
experiencia indica que en el Gobierno Nacional hasta la fecha no existe una
verdadera voluntad de modernizar la gestión pública en función a objetivos del
desarrollo nacional, y por ello, todo intento de reforma fue premeditadamente equivocado e intrascendente.
Por estos
antecedentes negativos en la historia de la administración pública nacional, es responsabilidad política de todos los
gobiernos de turno, nos reservamos el
derecho a la duda frente al D. S. Nº 004-2013-PCM. Su diagnóstico es genérico e
incompleto, no identifica las causas verdaderas que han conducido a la debacle
de todo el aparato administrativo del Estado; más bien sutilmente deja entender
que el problema radica en los servidores públicos. Un diagnóstico de este tipo
definitivamente no garantiza una real modernización de la gestión pública, sino
que una vez más puede conducir a tomar decisiones equivocadas, concentrando los
esfuerzos en atacar “efectos” y postergando indefinidamente la solución de las
“causas centrales”. Tomando como referencia la experiencia de las últimas
décadas, pasamos a identificar las deficiencias de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada mediante D.S. Nº
004—2013-PCM.
2. ANALISIS DE LA NORMA
El numeral 1.1, referido
a la situación general, afirma que “…Los
Gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad administrativa”.
Afirmación que es verdadera, pero parcialmente, porque no indica la causa de
esta situación vergonzosa para el país, y lo peor no se indica a los responsables.
El país entero sabe que los gobiernos regionales y
locales brillan por su incapacidad, no sólo por la baja calificación del personal,
sino principalmente por tener
Presidentes Regionales y Alcaldes que no reúnen las calificaciones personales
ni técnicas para asumir cargos de
ese nivel. En tal sentido, es un tema que atañe a las leyes electorales que
permiten el acceso de personas sin calificaciones mínimas a cargos de alta
responsabilidad. Los mayores desaciertos, el arbitrario uso de los
presupuestos y los escasos resultados mostrados por las instituciones públicas
son por la escasa capacidad de gestión y
limitada visión de las autoridades elegidas, quienes por el hecho de ser
elegidos se sienten con todo el derecho de pisotear las normas de los sistemas
administrativos.
Una verdadera modernización de la gestión pública debe
empezar por hacer más exigente los requisitos para acceder a cargos de
Presidente Regional y Alcalde, cerrando las posibilidades a la estafa electoral
y la mediocridad de los políticos. La definición de objetivos estratégicos,
indicadores y metas de gestión corresponden a la máxima autoridad de cada
institución y no a los trabajadores. Si no hay rumbo ni resultados concretos es
responsabilidad exclusiva de los presidentes regionales y alcaldes. La realidad
es más crítica y hasta escandalosa en las municipalidades distritales rurales,
donde personajes sin el mínimo criterio de gestión asumen el cargo de Alcalde,
para luego hacer el despilfarro de los recursos del Estado, sin importar la
situación de pobreza de su población.
En el numeral 1.2,
referido a las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, se
enumera los siguientes problemas: (1) Ausencia
de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el
sistema de presupuesto público.
Es falso que en el país no haya un sistema eficiente de
planeamiento. Existe un buen sistema de planeamiento nacional encabezado por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN y Oficinas de Planeamiento
en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de igual manera, existe un
Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Planes de Desarrollo Concertados,
Planes Estratégicos Institucionales y planes concertados de nivel local. El problema central
del país es que ninguna autoridad, sea nacional, regional o local tiene la
voluntad política de implementar estos planes y hacer una gestión orientada a
objetivos de mediano y largo plazo; la prioridad de las autoridades elegidas es
el corto plazo, el show mediático, el asistencialismo y la priorización de su
sagrado Diezmo. El problema no está en la falta de un sistema eficiente de
planeamiento, y mucho menos en su articulación con el sistema de presupuesto
público, sino en la falta de voluntad política e incapacidad de las autoridades
elegidas para hacer gestión en función a objetivos y resultados concretos.
Ninguna norma pone orden al manejo arbitrario del presupuesto público. En este
contexto, los servidores públicos no tienen capacidad de decisión, sino
solamente obedecen órdenes superiores.
Pero la causa del
problema es todavía más espeluznante. Los servidores públicos sabemos con
certeza que en el gobierno nacional no hay voluntad política de respetar el
Plan Bicentenario y los PESEM, porque el Super MEF, así como el Palacio de
Gobierno, reciben y cumplen las “recetas de gobierno” dictadas por el FMI, el
Banco Mundial y otros organismos poderosos del exterior. El que gobierna el
Perú no es el presidente de la república, sino poderes externos que dictan las
órdenes desde la clandestinidad. Por ello los presidentes de la república no
tienen casi ningún mando, y tienen licencia para dedicarse a las inauguraciones
y los shows como observamos todos los días por el canal de publicidad del
gobierno. Entonces, allí está la explicación de porque no funcionan los planes
en el Perú. Simplemente el poder transnacional ha avasallado el aparato estatal
peruano.
(2) Deficiente diseño de la estructura de organización y
funciones
Es falso que la
estructura de organización sea deficiente. La ley orgánica de gobiernos
regionales y municipales establecen la organización y funciones básicas de
estas instituciones. La experiencia de años indica que el problema no está en
la organización, sino el PROBLEMA ES HUMANO. Reafirmamos que la incapacidad
de gestión y la falta de visión están en los presidentes regionales, alcaldes,
sus funcionarios de confianza y asesores.
Ningún modelo de organización funcionará si los cuadros directivos no
tienen la calificación para asumir cargos de alta responsabilidad.
Las altas
remuneraciones pagadas a los funcionarios con Fondos de Apoyo Gerencial, es un
verdadero premio a la mediocridad, que ética ni técnicamente no tiene ningún
fundamento, y que por la falta de resultados debe ser eliminado totalmente de
la administración pública. El cargo de confianza es el monumento más gigantesco
de la corrupción en el país, puesto que sin contribuir en nada en la calidad de
gestión pública se beneficia de altas remuneraciones. Se llega a estos cargos por tráfico de influencias y el favor
político, y no por calificación profesional.
En este contexto,
eximir a los funcionarios de confianza y asesores de la evaluación de
rendimiento laboral, es simplemente estar de espaldas a la realidad de la
administración pública nacional. Es una forma de perpetuar incapacidades del
aparato estatal y tratar de cargar la responsabilidad al eslabón más débil: los
servidores públicos.
(3) Inadecuados procesos de producción de bienes y
servicios públicos
Esta afirmación es
verdadera parcialmente. La mayor responsabilidad de la planificación,
dirección, supervisión y evaluación de la producción de bienes y servicios
públicos recae en los niveles de dirección y no solamente en los trabajadores.
Si no hay una buena prestación de servicios a la comunidad es responsabilidad
compartida de directivos y trabajadores. Una nave con el capitán siempre
ausente, por supuestos viajes de gestión, innumerables ceremonias,
inauguraciones, shows, etc. jamás va marchar bien.
(4) Infraestructura, equipamiento y gestión logística
insuficiente
La infraestructura,
equipamiento y gestión logística es insuficiente por la mala gestión de los presupuestos
públicos. Cada nuevo presidente regional y alcalde agrega irresponsablemente su
cuota de personal, con la finalidad de favorecer a miembros de su partido. No
importa la calificación personal y técnica. Así, todas las instituciones
públicas nacionales, regionales y locales crecen en número de personal, pero no
en el logro de resultados. Ninguna norma pone límites a este derroche de
recursos estatales. En este contexto, ninguna infraestructura ni equipamiento
será suficiente para atender una nómina de personal en explosivo crecimiento. Esta
política es responsabilidad exclusiva de las autoridades de alto nivel y no de
los servidores públicos.
(5) Inadecuada política y gestión de recursos humanos
Esto es
responsabilidad exclusiva de los
funcionarios de alto nivel, quienes han convertido la administración pública en
una verdadera “beneficiencia pública” al servicio de los partidarios. Los
servidores públicos son ajenos a este tipo de decisiones. El gobierno nacional
también es corresponsable de este manejo irresponsable de los recursos humanos,
por no poner límites a los funcionarios de alto nivel.
(6) Limitada evaluación de resultados e impactos
La evaluación de
resultados e impactos es responsabilidad directiva, y si hay limitada
evaluación es porque los funcionarios de alto nivel no cumplen su función
directiva; tampoco no hay ninguna instancia superior que exija a los
presidentes regionales y alcaldes cumplir con indicadores y metas concretas. La
mediocridad de estos altos funcionarios elegidos se limita solamente a enumerar
la cantidad de obras de infraestructura, y no comprenden el concepto de gestión
por resultados. Una modernización de la gestión pública que no considere la
evaluación y sanción de estos funcionarios, será incompleta y destinada al
fracaso. El problema central de la administración pública nacional es la baja
calidad de los cuadros de funcionarios de alto nivel que confunden obras con
desarrollo.
(7) Carencia de sistemas y métodos de gestión de la
información y el conocimiento
La administración
pública nacional, regional y local actúa
bajo un solo modelo mental que es la
construcción de infraestructura y el asistencialismo. No le interesa resolver los
problemas económicos y sociales. Para la reducida visión del funcionario
peruano la obra es sinónimo de desarrollo. Para una gestión orientada a obras
no hay necesidad de gestión de información y del conocimiento. En este modelo de gestión artesanal, sólo basta recibir los memoriales
de los pueblos y atender los requerimientos del corto plazo y luego proceder a
la inauguración y beneficiarse del show mediático. La gestión de la
información y el conocimiento corresponde a una gestión orientada al desarrollo
humano y la competitividad.
(8) Débil articulación intergubernamental e
intersectorial
Los problemas de articulación intergubernamental e
intersectorial son resultados de la escasa visión de la clase política peruana, que incluye a los
congresistas, que no tuvieron la capacidad de diseñar una adecuada estructura
de organización del aparato estatal. La actual organización del país
corresponde a un modelo jerarquizado, propio de una sociedad centralista y
excluyente; y por lo tanto, para las condiciones actuales resulta totalmente
desfasado. Corresponde a la clase política resolver este problema. Por otro lado, la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública plantea como visión: un Estado moderno al
servicio de las personas.
Al respecto, estamos
totalmente de acuerdo. Pero, para que haya un Estado moderno, tiene que haber
cuadros directivos, profesionales y técnicos de calidad, todos sujetos a un
sistema de evaluación, sin vacas sagradas. No es ética ni técnicamente
aceptable que los servidores públicos estén sometidos a la meritocracia,
mientras los responsables de la dirección tengan carta blanca para actuar al
margen de la calidad y el mérito, y seguir generando el caos y haciendo uso
arbitrario de recursos públicos. Si ese
es el espíritu de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y
de la futura ley del Servicio Civil, los servidores públicos estamos totalmente
en desacuerdo.
3. CONCLUSIONES
·
Las
instituciones públicas de nivel nacional y subnacional tienen escasa capacidad
administrativa y técnica por la baja calificación de sus cuadros directivos,
profesionales y técnicos. La solución a este problema debe ser concebida de
manera integral, sin excluir a ninguno de los actores de la gestión pública.
·
Los
cargos de confianza constituyen el baluarte del sistema de corrupción y la
“mediocridad bien remunerada” en todos los niveles de la gestión pública.
·
La
administración pública actual está petrificada en el concepto tradicional de
“gestión de obras”, por la baja calificación de las autoridades elegidas y sus
funcionarios de confianza. No existen las condiciones para la implementación de
la gestión por resultados.
·
Todo
indica que el mismo gobierno nacional, en cumplimiento de la política
proveniente de los grupos de poder extranjeros, está empeñado astutamente en
sabotear y torpedear a las instituciones públicas por todos los medios, con la finalidad
de hacerlas ineficientes, burocráticas e ineficaces. De este modo
desprestigiarlas y crear condiciones para que la inversión privada se haga
cargo de la prestación de los servicios públicos. Todos los intentos de
modernización en años anteriores, han
sido teatros para aparentar que el gobierno central tiene voluntad
modernizadora. Con estas malas experiencias pasadas, esperamos que este nuevo
intento sea real y honesto por el bien del país
4. RECOMENDACIONES
En base a este
diagnóstico sincero y realista de la administración pública nacional, realizado
por los mismos servidores públicos, proponemos lo siguiente:
·
Implementar
un sistema de meritocracia en todo el aparato estatal que incluya a autoridades
elegidas, funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y personal
auxiliar. En el caso de las autoridades elegidas, las exigencias de calidad
personal y profesional deben ser implementadas a través de las leyes
electorales.
·
Eliminar
los cargos de confianza de la administración pública nacional, regional y
local, por su escasa o nula contribución en la gestión pública. Por este medio
se podrá eliminar unos de los factores claves de la corrupción y politización
de la gestión pública. Eliminar también el mal llamado Fondo de Apoyo Gerencial.
·
Implementar
la gestión por resultados obligatorio como el mejor mecanismo de evaluación de
las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Este
mecanismo debe ser empleado como el mejor criterio para la asignación de los
recursos presupuestales a las instituciones públicas: a mejores resultados de
gestión, mayor asignación presupuestal; y a menores resultados, menores
presupuestos.
Desde los cuatro suyus del Perú
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