En
Cajamarca, Yanacocha quiere ejecutar una nueva explotación aurífera junto al
río Grande. Pero la Autoridad Nacional del Agua le exige parámetros de limpieza
ambiental que la minera se resiste a cumplir.
Zona propuesta por Yanacocha para abrir el nuevo tajo La Quinua Sur, a 18 kilómetros de la ciudad de Cajamarca |
Por Milagros Salazar.-IDL REPORTEROS
Una
negociación controversial pero asordinada entre la minera Yanacocha y un sector
del gobierno se aproxima a una decisión. La empresa pide el permiso para
ejecutar dos operaciones a tajo abierto cerca del río que es la principal
fuente de agua para los habitantes de la ciudad de Cajamarca.
De ser permitidas,
tales operaciones a gran escala permitirían a la compañía remover más de 85
millones de toneladas de mineral aurífero que luego serían procesados en las
pozas de cianuro. La
venta del oro producido podría representar unos 3 mil 500 millones de dólares
[1].
Los proyectos están
etiquetados en la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas (Minem) como la “Segunda
modificación del EIA Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste” y “Tercera Modificación Proyecto
Carachugo Suplementario Yanacocha Este”.
Las nuevas
operaciones generarían importantes utilidades para la empresa y, por ende, una
interesante recaudación de impuestos para el Estado. Pero a la vez suponen un
potencial peligro tóxico para los cajamarquinos, de acuerdo con informes
técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del ministerio de
Agricultura.
El peligro existe,
según fuentes de la ANA, porque Yanacocha solicita que se le permita descargar
sus efluentes a la sub-cuenca del río Grande, con un nivel de tratamiento que
apenas hace aptas las aguas para el riego y el ganado.
Es que cerca del 70%
del agua que se potabiliza para el consumo de Cajamarca depende del río Grande
y uno de los puntos de captación de agua para abastecer a la ciudad se
encuentra en la zona que Yanacocha plantea operar, según confirmó a IDL-Reporteros la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca (Sedacaj).
Tajo abierto
Ambos proyectos
amplían otros dos previos que comenzaron en 1995, en el caso de Yanacocha
Este-Carachugo, y en 2007, el de Yanacocha Oeste. Sin embargo, la ampliación
supone abrir un nuevo tajo a cielo abierto y extender otros. Ello demandó a la
compañía pedir los permisos para modificar el estudio de impacto ambiental
vigente en la zona con el propósito de incluir las nuevas operaciones. Y así lo
hizo.
Pero los técnicos de
la Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) plantearon entre setiembre y diciembre de 2012, varias
reservas y observaciones por los potenciales impactos negativos de los
proyectos en las aguas del río Grande, principalmente el de Yanacocha Oeste.
Esta
última actividad es la más ambiciosa. El proyecto, ubicado a 18 kilómetros de
la ciudad de Cajamarca, implica
excavar un nuevo tajo llamado La Quinua Sur y ampliar otro tajo en una
extensión de 1 millón 174 mil 200 metros cuadros (117.42 hectáreas)
que equivale a 180 veces el tamaño del campo de juego del Estadio Nacional.
La empresa tiene
proyectado extraer de esta operación, 81.72 millones de toneladas de mineral
aurífero, lo que representa el 96% de la producción planificada para esta dos
nuevas actividades.
La solicitud para
modificar el estudio ambiental de esta operación fue presentada por Yanacocha al Ministerio
de Energía y Minas en diciembre de 2011; y el de Carachugo en abril de 2012.
Tres meses después,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros de ese ministerio, solicitó
la opinión de la ANA al respecto.
En setiembre último, la ANA emitió 30 observaciones al
proyecto Yanacocha Oeste, según su informe técnico
N°049-2012-ANA-DGCRH/PAAE. La
empresa no respondió satisfactoriamente a más de la mitad de estas
recomendaciones, diecisiete, como consta en el informe técnico
N°062-2012-ANA-DGCRH/PAAE que elaboró la ANA en diciembre.
En ambos informes
técnicos, la observación principal es que Yanacocha propone que los impactos en
las aguas superficiales del río Grande, donde realizaría sus operaciones, sean
monitoreados según el
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de aguas que sirven para el
riego o para ser tomadas por animales, pero no para los seres humanos.
“Las actividades
propuestas se encuentran dentro de la cuenca del río Grande correspondiente a
la parte de Mashcón (…) el curso se encuentra relacionado con la
producción de agua potable destinada al abastecimiento de la ciudad de
Cajamarca”, señala el informe de la ANA sobre Yanacocha Oeste.
Según la Resolución Jefatural
N°202-2010-ANA, desde 2010 esas aguas deben tener el nivel de pureza establecido en la
categoría 1-A2, para consumo poblacional, y ya no de clase 3,
como lo permitía la antigua Ley General de Aguas, de fines de los 60 del siglo
pasado.
Sucede que a partir de 2008 se aprobaron nuevos estándares de calidad
ambiental para las aguas, debido a que los anteriores eran muy laxos.
Comparativamente, el nuevo estándar para medir la presencia de arsénico en las
aguas tratadas que devuelven las minas al río, ahora es 95% más exigente que la
antigua legislación. Para el cadmio, 94% más; para el mercurio y zinc 80% más
estricto y el plomo 50%.
Según los informes de
la ANA, los nuevos parámetros deben aplicarse de manera inmediata a partir de
2008,
puesto que se tratan de nuevas actividades y debe evitarse cualquier daño a la
población.
Entre papeles
¿Qué responde la
empresa? De acuerdo a las respuestas enviadas a ANA, Yanacocha se ha centrado
en la discusión legal antes que en calibrar y prever el posible impacto
ambiental de sus operaciones. Resulta que en junio de 2011, el Ministerio del Ambiente aprobó un decreto
supremo para que las empresas que desarrollaban actividades
antes de que se fijaran los nuevos parámetros, presenten un plan de adecuación para
construir nueva infraestructura y tecnología para tratar las aguas.
Para el caso de los
límites máximos permisibles, el plazo máximo de adecuación era octubre de 2014
y para los ECA, diciembre de 2015. Con esa base, Yanacocha sostiene que tiene
ese plazo para adecuarse a las nuevas exigencias y que mientras tanto puede
tratar los efluentes de sus nuevas operaciones en su planta actual.
Pero los informes de
la ANA persisten en señalar que la evaluación de los posibles daños generados
por las nuevas actividades debe realizarse según la norma vigente para proteger
a la población.
Sobre este punto, hay
un documento que llama la atención. En la página 44 del resumen ejecutivo del
plan de implementación de los nuevos estándares, la empresa propone un cronograma de
adecuación hasta el 2018. Es decir, cuando las nuevas operaciones de Yanacocha
Oeste y Carachugo, hayan concluido y el Estado no pueda exigir
ningún estándar ambiental actual. El tiempo
de operación del tajo del primer proyecto es por cinco años y, el segundo, por
un año.
“El plazo establecido
para el cumplimiento de los ECA Agua que concluye el 2015, es insuficiente para
llevar a cabo los procesos de planeamiento, diseño, desarrollo de la ingeniería
de detalle, procesos de contratación, pruebas y las puesta en marcha”, dice el documento
presentado por Yanacocha al Minem el 3 de setiembre de 2012 y elaborado por la
consultora Ausenco Vector.
IDL-Reporteros
se comunicó con el Gerente de Comunicaciones de Yanacocha en Cajamarca,
Valentín Ahón, para conocer la versión de la empresa. Pero éste respondió por
correo que “en este momento no consideramos conveniente otorgar una
entrevista respecto a un tema que aún no ha sido resuelto”.
IDL-R
insistió, y logró comunicarse telefónicamente con el representante legal de
Yanacocha, Luis Miguel Pigati, que evitó responder de manera directa sobre
estos puntos controversiales. Por el contrario, señaló que aún “no hay nada
oficial de ANA” y que el caso “continúa en evaluación técnica”. Además, aseguró
que el plan hacia 2018 es “una alternativa B”, aunque en el documento queda
claro que se trata de la apuesta de la compañía.
Las
observaciones de la ANA fueron enviadas en diciembre por su principal
directivo, Hugo Jara, al viceministro de Minas, Guillermo Shinno. Los
documentos estuvieron acompañados por oficios en los que Jara advierte que la “ANA
no puede emitir opinión favorable al citado estudio ambiental” porque
la empresa no ha logrado responder satisfactoriamente a todas las
recomendaciones.
Carta enviada por Hugo Jara, jefe de la ANA, al viceministro de Minas Guillermo Shinno |
Desde el punto
de vista legal, el Ministerio de Energía y Minas no puede emitir ningún permiso
a Yanacocha si es que antes no cuenta con la aprobación de la ANA. Es por esta
razón que las llamadas y visitas de los representantes de Yanacocha, a las
instalaciones de la ANA, en San Isidro, y el Minem, en San Borja, han sido más
frecuentes. El gerente de Permisos Ambientales de Yanacocha, Julio
Bonelli, es uno de los más diligentes.
Bonelli
sabe muy bien cómo funciona el Estado por dentro. Antes de cruzar al otro lado
del mostrador fue director de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas. Hace pocos días, se reunió con el jefe de la ANA y
con Betty Chung, directora de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos,
oficina que emitió las observaciones a Yanacocha.
Fuentes
informadas sobre estos diálogos indicaron que la empresa se comprometió a
resolver la mayoría de las observaciones pero aún no acepta respetar los
parámetros ambientales vigentes desde el inicio de las operaciones en el río
Grande.
De acuerdo con
las fuentes, Yanacocha indicó que prefiere un análisis legal y que lo tratará
con los abogados de las direcciones involucradas.
Representantes de Yanacocha: Julio Bonelli, gerente de Permisos Ambientales, y Luis Miguel Pigati, representante legal |
El 16 de enero,
un Power Point impreso que sustenta la posición de Yanacocha fue enviado a la
abogada Katherine Paredes que trabaja en el área de Chung, a través del
secretario general de la ANA, Francisco Dumler.
Según esta
presentación, los dos expedientes observados por la ANA son los que generan “mayor
impacto en la producción” de Yanacocha.
Betty Chung, una
química de carrera que trabaja atiborrada de expedientes, señaló a IDL-Reporteros
que el deber de los técnicos es proteger las fuentes de agua por más
que acusen a su institución de congelar las inversiones privadas.
Chung señaló que
las empresas sabían desde 2008 de la vigencia de los nuevos estándares
ambientales y que debieron haber actuado para adecuarse a tiempo. Recalcó que
los pedidos de ampliación de Yanacocha son actividades nuevas, sujetas a los
estándares actuales.
Los técnicos de
la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente consultados por IDL-R,
se pronunciaron en la misma línea.
¿Y qué dice el
Ministerio de Energía y Minas? El médico Manuel Castro Baca, director general
de asuntos ambientales mineros, evitó responder. Sólo señaló que el caso ya
había sido aclarado con la ANA en una reciente reunión. La abogada del área,
Maritza León, manifestó telefónicamente a IDL-R que luego que
la ANA concluya su labor, el Minem tomará una decisión que “no afecte el
ECA para proteger las aguas”.
Uno de los
capítulos más recientes tuvo lugar en la tarde del martes 22 de enero, en una
reunión que comenzó en un clima tenso. Ahí, los representantes de la empresa se
comprometieron en enviar en una semana, las respuestas de Yanacocha a las 17
observaciones pendientes de la ANA, referidas a proteger las aguas en la zona
del proyecto de Yanacocha Oeste.
El desenlace se
dará en los próximos días, pero ya no en silencio.
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