EL INEFABLE MINISTRO DEL MEM (Ministerio de Energía y Minas)
ESCRIBE: JORGE MANCO
ZACONETTI (Investigador UNMSM)
En verdad, no deja de sorprender los “quiebres y requiebres” del
ministro del sector respecto al futuro de los lotes de hidrocarburos próximos a
su vencimiento, en relación al gaseoducto surandino, el futuro de la refinería
de Talara, la participación del Estado en el 51% del accionariado en la
refinería de La Pampilla y estaciones de servicios Repsol etc.
Así, incluye por ejemplo al lote 1-AB ahora denominado 192, con producción
en marcha, más reservas probadas y probables en la licitación que PerúPetro
convocará en el mes de marzo, es decir el próximo mes, conjuntamente con 26
lotes ubicados fundamentalmente en la selva norte, central y sur. Es más,
señala que la consulta previa puede ir en paralelo, en cuerdas separadas con la
licitación ¿?
De otro lado, agregó que “publicarán una norma para promover la
continuidad-con ciertas condiciones- de los contratos petroleros que están por
vencerse, como por ejemplo, un plan de inversiones”, según nota periodística.
En esta lógica de pensamiento se entiende las múltiples presiones para
la salida de PerúPetro primero del Ing. Ochoa y luego de la Dra. Rosa María
Ortiz, y en PetroPerú del Ing. Campodónico, que mínimamente aceptaban una
participación de PetroPerú en los contratos próximos a su vencimiento en
especial en el lote 1-AB que tiene los mayores volúmenes de reservas probadas y
yacimientos no explotados de crudo ligero, a pesar de los más de 40 años de
explotación, como se puede observar en los cuadros respectivos.
No creo que sea un lapsus y/o un olvido involuntario del ministro Merino
Tafur para que no haya mencionado la participación de PetroPerú en los
contratos próximos a su vencimiento de la Cuenca Talara y particularmente en el
lote 1-AB en la selva norte.
Esto constituye una violación más del espíritu de la ley de
fortalecimiento de PetroPerú que dispone la recuperación de las unidades,
lotes, terminales, refinerías (Pucallpa) para la petrolera estatal, una vez terminado
el período de concesión o alquiler según sea el caso. Resulta extraño por no
decir contradictorio a las promesas de campaña que este gobierno no apueste por
la integración vertical de PetroPerú con lotes propios y la modernización
integral de la refinería de Talara.
En tal sentido, siempre hemos afirmado el retorno de PetroPerú a la
explotación de petróleo y gas de manera asociada al sector privado. Desde un
punto de vista económico las reservas probadas y probables de los lotes
próximos a su vencimiento constituyen el respaldo financiero que requiere la
petrolera estatal para su modernización.
Si bien la preocupación central de todo gobierno debiera ser aumentar la
producción de petróleo crudo asegurando los mayores montos de inversión, y en esto
podemos coincidir con el ministro de energía y minas, no se entiende tales
compromisos con las desigualdades en las tasas de regalías en los lotes que
están por vencer entre el 2013 al 2016.
En la cuenca Talara existen contratos de hidrocarburos que abonan tasas
de regalías de 52% como los del lotes II (Petrolera Monterrico), tasas de
regalías del 49% como III y IV (Interoil) y de 72% como el IX bajo
responsabilidad de Unipetro, como los lotes VI-VII de Sapet con tasas menores
al 16%.
En este contexto la promoción de la continuidad se supone por 10 años
adicionales como el que obtuvo indebidamente Graña y Montero en el gobierno
anterior por el lote I con rebaja de regalías, ello colisionaría con la
pretendida participación de PetroPerú del 25% al 49% en el capital o en la
producción, este aspecto nunca se aclaró.
Al margen que resultaría inviable la promoción de importantes montos de
inversión en algunos contratos con tasas de regalías del 50% en promedio, más
el abono del impuesto a la renta del 30% y la participación de PetroPerú se
debiera reconocer distintas tasas de regalías en razón de la calidad de los
yacimientos existentes en los lotes.
No es el caso del lote 1-AB con valiosas reservas probadas y un capital
humano de primer nivel que proviene de los tiempos de la OXY desde mediados de
la década de los 70. Este contrato fue indebidamente prorrogado en el 2001 por
el gobierno de transición del doctor Paniagua, siendo ministro de economía y
finanzas el finado Silva Ruete y ministro de energía y minas el Ing. Herrera
Descalzi.
El contrato del lote 1-AB fue renegociado con la OXY en 1986 durante el
primer gobierno de Alan García, el presidente que pasará a la historia por la
célebre frase “la plata viene sola”, y fue concebido como un contrato de
servicios al cual al operador se le pagaba una retribución en función a una
canasta de crudo pesados de 22 º grados API cuando en verdad la calidad del
petróleo era de 19º API con tendencia a la baja.
Este contrato debía terminar en agosto del 2007 y su retorno al Estado
incluía las reservas probadas y probables, las instalaciones, el aeropuerto de
Andoas, ductos y equipos, bombas, motores, tuberías etc.
En el 2001 la empresa petrolera argentina Pluspetrol en una negociación
privada con OXY acuerda la transferencia del contrato del lote 1-AB por más de
300 millones de dólares, lo cual resulta usual en las prácticas de los
contratos de hidrocarburos, y se asumía que la fecha de término del referido
contrato era agosto del 2007 de allí nuestro cuestionamiento a la función de
PerúPetro .
Sin embargo, en el 2001 con el gobierno de transición democrática,
Perúpetro suscribe una prórroga del contrato hasta el agosto del 2015, se cambia
la naturaleza del contrato de servicios a uno de licencia y se le disminuyen
las tasas de regalías con el nuevo operador Pluspetrol Norte, creando la
ficción de producción básica y producción incremental.
Por tanto el contrato por este lote ha pasado por dos renegociaciones
1986 y el 2001 y su vencimiento supuesto debiera ser agosto del 2015. Pero los
excelsos privatizadores el ministro de energía y minas Ing. Merino Tafur con el
Ing. Luis Ortigas responsable de PerúPetro, han decidido de espaldas al país,
supongo sin el consentimiento ni conocimiento del Presidente de la República
una nueva licitación del lote 1-AB lo cual constituiría una estafa al país.
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