Los proyectos mineros no se pueden imponer a sangre y fuego

 

 

 

Por: Javier Jahncke – Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo – REDAD - Piura

Lamentable noticia, el anuncio del Ministro Pedraza de creación de frentes policiales en zonas mineras, en la que persiste la nula voluntad de diálogo del Gobierno respecto de los conflictos socio ambientales, especialmente los vinculados con la actividad minera... y donde se evidencia que se mantiene la misma visión de la teoria de la conspiración en la Oficina de Diálogo Nacional y Sostenibilidad de la PCM con Vladimiro Huaroc, que la que existía en el Gobierno Aprista con Víctor Caballero...

No hay intención alguna de revisar el funcionamiento de las normas y reglamentos del sector energía y minas, y la consulta previa viene a ser un simple requisito a cumplir... porque los proyectos mineros deben salir si o si, a sangre y fuego...

Y la culpa de todo no la tiene la necesidad de sacar los proyectos si o si como sea, al "guerrazo" (literalmente), porque es la única forma de desarrollo y no hay otra (no hay voluntad de buscar alternativas sostenibles) sino los que tienen intereses políticos, los "rojos", las ONGs... todos ellos tratados como supuestos o posibles terroristas... sin pensar en que el pueblo es sabio, sabe lo que tiene, y en gran medida, busca defender su propiedad, debidamente registrada, y sus fuentes de agua, los ecosistemas ue permiten su supervivencia y buen vivir, y que desean vivir de acuerdo a sus costumbre y creencias ancestrales...

Con ésta decisión, se formaliza y se agudiza lo que ya era una práctica, la militarización de las zonas mineras y el funcionamiento de ésta actividad con bases policiales y/o militares al lado.

Hasta el momento lo que ocurría en las zonas de proyectos mineros era que se instalaban como "comisarías" al interior de las zonas delimitadas como concesiones, con personal policial que rotaba ... como si fuera propiedad de las empresas mineras dichas zonas... tratando el derecho de concesión con mayores garantías que el propio derecho a la propiedad, al que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho como cualquier ciudadano... pero claro... aca se aplica la teoría del ciudadano de segunda clase...

Hace unos años fuimos acusados de terrorismo junto con 35 dirigentes, autoridades y miembros de ONGs por el caso Rio Blanco/Majaz en Piura... tuvimos que pasar todo un año de investigación fiscal hasta que se archivo el caso... todo por acompañar a la población en sus justas reinvindicaciones y defensa de derechos por la imposición de un proyecto minero... Un locutor radial de Huancabamba, vincualdo a la empresa minera Rio Blanco, amenazo con un arma a una de nuestras colegas de una ONG diciéndole que como era terrorista, la mataba y no pasaba nada... eso es lo que busca el Gobierno de Humala que se siga viviendo... esa será la forma de buscar una solución a los conflictos socio ambientales… o sólo los agudizará...?