Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador
UNMSM) 31/12/2012
El Presidente de la República debe tener conocimiento de esta dramática
violación de los derechos humanos cometida contra 85 trabajadores de
trabajadores de PetroPerú, despedidos injustamente e ilegalmente durante la
dictadura fujimontesinista en 1996, cuando se privatizaban las empresas
públicas y recursos naturales a precios de remate.
En esa lucha por la defensa del patrimonio nacional estos trabajadores acataron
una huelga general indefinida en la defensa de la Refinería de Talara que hoy
se pretende modernizar. En esas batallas le cupo un lugar destacado a Felito
Vitonera Saldarriaga una víctima más de la desidia, inopia y desinterés de la
más alta administración de PetroPerú, que tiene en los ministros de Energía y
Minas más el de Economía y Finanzas la máxima responsabilidad, al igual que su
directorio.
Por ello me permito reproducir el discurso de despedida realizado por el
amigo Gerber Acedo también ex dirigente despedido de PetroPerú desde 1996, que
totalizaron los 85 trabajadores, los mismos que se negaron a cobrar incentivos
y los beneficios de ley que la empresa otorgaba, cumpliendo con el mandato del
gobierno de ese entonces. Es decir, estos trabajadores no cobraron un céntimo y
la llama de sus luchas permitió alimentar la defensa de PetroPerú en el
pretendido Referéndum de 1995, y en los diversos frentes de defensa del
patrimonio nacional, y el “Frente Cívico por la Democracia”.
Como bien se señala desde el 2001 restituida la democracia en el Perú,
se han repuesto y desagraviado a embajadores despedidos en la dictadura,
profesores universitarios, militares patriotas, magistrados y miles de
trabajadores de la administración pública en una serie de listas que procesaron
las centrales de trabajadores (CGTP, CTP y CUT), con los gobiernos de turno
entre el 2001 y 2010.
Sin embargo, estos 85 trabajadores despedidos, dignos y patriotas
conscientes del abuso ejercido contra ellos, demandaron al Estado peruano ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos habiendo alcanzado un Informe de
Admisibilidad Nº 11602 que reconoce la justicia de la causa y recomienda al
Estado una solución amistosa por la fragante y demostrada violación de los
derechos laborales y humanos.
Señor Presidente, en la campaña del 2006 y en la reciente del 2011, la
defensa de PetroPerú y su modernización ha constituido un eje central en el
programa del sector de hidrocarburos y en la economía nacional. En tal sentido,
no puede haber fortalecimiento de la primera empresa del país si es que no se
saldan las deudas con todos aquellos que han hecho posible la sobrevivencia de
PetroPerú, y en particular de la refinería de Talara que produce los
combustibles con los más altos estándares de calidad, satisfaciendo el 47% del
mercado nacional de los derivados del petróleo.
Si no fuera por la lucha y defensa del patrimonio nacional asumido por
los trabajadores en especial de estos 85 despedidos, de los cuales 10 ya han
fallecido, la Refinería de Talara estaría en la misma condición que la
Refinería La Pampilla, es decir en manos de transnacionales que privilegian la
rentabilidad privada, sin tener la necesidad ni obligación de abastecer el
íntegro del mercado nacional de combustibles.
Señor Presidente, resulta un contrasentido pretender invertir más de
3,450 millones de dólares en la modernización y fortalecimiento de la refinería
más importante del país, sin antes resolver la deuda social, económica y moral
que tiene el Estado con los 85 trabajadores despedidos de PetroPerú en 1996,
pues el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el
Perú es suscriptor, es imperativo e inapelable.
Su gobierno se reconciliaría con el mundo de trabajo, con “los abajo”
que Usted tantas veces menciona como prioridad en su mandato. Por ello un
homenaje público, de desagravio y reconocimiento a los 85 trabajadores
despedidos y sus familias tendría un efecto político de la primera importancia,
por la justicia que repara deudas que los gobiernos anteriores no pudieron ni
aspiraron resolver a pesar de la palabra empeñada.
Señor Presidente, la reparación moral y justa con todos aquellos que han
defendido el patrimonio nacional, equivale como soldado que Usted es a la
defensa de la Patria. Por ello, bastaría una orden suya para que los ministros
de Energía y Minas más el Ministro de Economía y Finanzas, como accionistas y
“dueños” de PetroPerú autoricen al Directorio al reconocimiento y solución de
la deuda moral y social que tiene el país con los 85 despedidos de PetroPerú,
de los cuales diez ya han fallecido. Éstos podrán decir que “la justicia tarda
pero llega” y esta sabia decisión borrará de la memoria colectiva los
escándalos de algunos ministros del sector.
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